Els socialistes porten els símbols franquistes d'Oriola al Defensor del Poble‏

Carlos González, diputat al Congrés, i la regidora del grup socialista a l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Segura Ana Mas s'han reunit amb el Defensor del Poble, Enrique Múgica, per denunciar que l'alcaldessa, Mónica Lorente, vulnera de manera greu la Llei de la Memòria Històrica per no llevar els honors i les distincions que es van concedir a Franco. Mas ha recordat que en els plens de juliol i setembre, el grup ja va presentar dos mocions en què demanaven que es retiraren tots els símbols i els noms del franquisme i totes les mencions honorífiques al dictador, a les quals van donar suport tots els grup de l'oposició però el PP les va rebutjar. Els socialistes han registrat una queixa en aquest sentit i han criticat que encara hi ha molts alcaldes del PP en la demarcació d'Alacant que mantenen la simbologia franquista en les poblacions i que són hostils a qualsevol iniciativa del PSPV per retirar-los.

La democracia según Sonia Castedo

La alcaldesa de Alicante Dª Sonia Castedo insiste en que son necesarias 25000 firmas para retirarle los títulos honoríficos al Dictador Francisco Franco como si por la espalda la mano de su antecesor le moviera los labios en un alarde de ventriloquismo ideológico.

Ella que precisamente ocupa el cargo que ocupa aprovechándose de vericuetos poco o nada democráticos (no fue el pueblo sino el dedo de Alperi quien la nombró Alcaldesa) hace un alarde de respeto a una mal entendida Democracia que no es otra que la que entiende el PP, y así nos va.

Valga como ejemplo la falta de entidad y valor que se le otorga a las Cortes Generales que son, por definición, la representación democrática del pueblo por la demócrata alcaldesa.

La Ley de la Memoria Histórica se publicó en el Boletin Oficial del Estado, es decir ese diario en el que se pone en conocimiento de todos lo que nuestros representantes aprueban o deniegan, y refrendada por el Jefe del Estado, que si bien fue impuesto luego fue confirmado por el propio pueblo español.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y
entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley

El PP de Alicante, o mejor, la alcaldesa de Alperi ni la vio ni la entendió.

La democracia de Dª Sonia Castedo es un juego de la oca.

Alperi y la desmemoria histórica

El 28 de marzo de 1939, mientras las tropas franquistas tomaban Madrid, un barco ingles, el Stanbrook, se hacía a la mar en Alicante con 500 refugiados a bordo. Alicante se convirtió en el último bastión republicano de la Guerra Civil española. En el puerto se agolpaban vecinos de la ciudad, soldados llegados del frente, campesinos cargados con maletas, baúles e, incluso, aperos de labranza, fugitivos procedentes de Murcia y Albacete, más de 20.000 refugiados que sólo les mantenía en pie la esperanza de ser rescatados por buques enviados por Francia o Gran Bretaña.

Pero los barcos no llegaron y los que fueron avistados viraron en redondo ante la magnitud de la empresa humanitaria a la que debían enfrentarse. Incluso la Mid-Atlantic, formada con dinero de la República española y con sede en Marsella, no quiso arriesgar sus barcos ante la eventualidad de posibles avalanchas. Después de los intensos bombardeos, Alicante se había convertido en una ciudad fantasmal.

Nadie quería caer en manos de la sangrienta dictadura que se avecinaba de la mano de Francisco Franco. Pero la suerte estaba echada. Los que no murieron bajo las balas de los tiradores agazapados en la línea de edificaciones, los que no optaron por el suicidio, extendido como una epidemia, fueron capturados y concentrados en la Plaza de Toros, en el cine Ideal y el Campo de los Almendros. En el campo de concentración de Albatera, abierto el 11 de abril de 1939, los prisioneros que no fueron fusilados se vieron sometidos a todo tipo de torturas y humillaciones, cuando no entregados directamente a los falangistas, que venían de todos los puntos de España, a "cazar" presos conocidos por ellos para fusilarlos en los alrededores del campo. A la luz de los hechos, resulta vergonzoso que Francisco Franco siga ostentando en el Ayuntamiento de Alicante la distinción de hijo predilecto desde 1940, la medalla de oro concedida en 1966 y el título de alcalde honorario perpetuo en una situación a todas luces ilegal.

La Ley de la Memoria Histórica establece, en su artículo 15.1, que las Administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Sin embargo, el alcalde Luis Díaz Alperi parece no querer enterarse.En el pleno municipal del pasado 22 de febrero, el PSPV-PSOE presentó una moción para que el Ayuntamiento aplicara la Ley y anulara las distinciones honoríficas concedidas a Francisco Franco durante la dictadura. Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, respondió exigiendo la recogida de 25.000 firmas para poner en práctica la moción socialista. En abril, el Síndic de Greuges admitió a trámite la denuncia de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante contra el alcalde, también enviada al Defensor del Pueblo, por supeditar la aplicación de la Ley al requisito de la recogida de firmas no contemplado en la misma. Luis Díaz Alperi, después de cuatro meses, se ha amparado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para justificar, en un escueto escrito de siete líneas, su posición.

La postura obstruccionista de Luis Díaz Alperi evidencia su filiación con el pasado franquista, es fiel a la estrategia de los poderes públicos del Partido Popular en la Generalitat Valenciana de boicotear las iniciativas del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, avaladas, con las modificaciones oportunas, por el del Parlamento español y falta al respeto de las víctimas inocentes de la Guerra Civil y el subsiguiente régimen de terror impuesto por el sistema franquista.

Mientras que la moción del PSPV-PSOE y la denuncia del la PIC se inscriben en la legislación vigente, y responden a la deuda moral contraída con las mujeres y hombres que mantuvieron el régimen democrático y republicano, la posición de Díaz Alperi está anclada en la ola neoconservadora interesada en buscar justificaciones al régimen franquista.

La madurez democrática de una sociedad depende de la comprensión y el control de su propio presente para asentar sobre él un futuro digno basado en la realización de los derechos humanos; pero ello sólo es posible si una memoria integrada en el principio de justicia destierra el intento de conservar el pasado tergiversado. Una sociedad democrática no es compatible con el mantenimiento de distinciones honoríficas a uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Conseguir que estas distinciones sean eliminadas es un ejercicio de entereza democrática.

Francisco Javier Segura Jiménez es profesor de Historia.

Otra condena al alcalde

Tras la lectura de las declaraciones del alcalde de Alicante, publicadas en este diario recientemente y referentes a que la llamada Ley de la Memoria Histórica «no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada», es decir, de la retirada de los títulos honoríficos concedidos al dictador y la de los símbolos y exaltaciones del franquismo, la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica condena, una vez más, su reiterada y falaz argumentación, y le invita a reflexionar sobre sus propias palabras y a rectificar públicamente sus impertinentes afirmaciones, tanto en su condición de ciudadano, como, muy en particular, en la que ahora ostenta, transitoria y circunstancialmente, de presidente de la corporación municipal. En una y otra, su conducta debe ser escrupulosamente respetuosa con la legislación vigente y con los valores y principios democráticos que informan a nuestra sociedad.

Situarse al margen del cumplimiento de la ley, y pretender burlarla o diferirla, con amaños y subterfugios, no supone más que un suicidio político, un mayor deterioro de su imagen o un malogro infiltrado en alguna urna.

El señor Alperi debería seguir los consejos del presidente de su partido, señor Rajoy, quien insiste en que las leyes -todas, sin excepción- están para observarlas y acatarlas, y mirarse en el espejo del pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig -o en otros municipios, igualmente vecinos-, cuya alcaldesa, también del PP, convocó, meses atrás, para retirarle al dictador el nombramiento de hijo adoptivo, después de solicitar un informe jurídico, en el que se hace constar el carácter imperativo de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica: decididamente imperativa y no potestativa y aún menos manipulable. Ley que en su artículo 15 establece que: «Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura», por lo que, en aplicación de la misma, procede la retirada- y posterior anulación, por nuestro actual Ayuntamiento constitucional, de las diversas distinciones honoríficas otorgadas al dictador, por corporaciones sumisas al mismo, así como a otros individuos implicados en los supuestos que más arriba se han relacionado.

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica emplaza nuevamente al alcalde para que se retracte de sus evasivas declaraciones habituales y actúe por imperativo no sólo del mandato legal, sino también por la responsabilidad de un cargo democrático, que nadie ni nada debiera empañar.

Por la Comisión Cívica:
Fernando Trives, Daniel Moya, Antonio Martín Lillo, Óscar Llopis, Miguel Mauri, Manuel Parra, Luis Pesquera, Cerdán Tato y otros

Bochorno municipal

No me refiero al calor sofocante que hace en nuestra plaza del Ayuntamiento, normal en esta época del año, me refiero a «bochorno» en otra de sus acepciones: «Sofocamiento producido por algo que ofende, molesta o avergüenza». Porque me siento avergonzado, molesto y ofendido por el comportamiento de nuestro alcalde; por su respuesta al nuevo Síndic de Greuges sobre su negativa a retirar los títulos honoríficos concedidos en su día al dictador Franco por un ayuntamiento franquista que no representaba al pueblo, pues había sido designado a dedo. Como bien dice Carlos Gómez Gil, esta respuesta desganada, despectiva para el nuevo Síndic impuesto precisamente por el PP, «insiste en su actitud contumaz de falta de respeto a la legalidad vigente». En una palabra, que le hace una nueva pedorreta a la Ley de la Memoria Histórica. En un escrito del nuevo Síndic, Carlos Morenilla se queja de «la acreditada falta de colaboración del Ayuntamiento»; lo que le honra, teniendo en cuenta qué partido gobierna en el mismo. O sea, que también le hace una pedorreta al Síndic, y de rebote a su propio partido, el PP. Una actitud prepotente que refleja la ideología y el talante de nuestro alcalde. Estoy avergonzado de que una persona de su trayectoria haya sido votado por muchos alicantinos reiteradas veces, a pesar de su desastrosa y sospechosa gestión del urbanismo alicantino, y ahora con su negativa a librarnos del oprobio de tener como personaje amado a un militar traidor que se alzó contra el gobierno legal y democrático, elegido por el pueblo, provocando una guerra terrible y una posguerra monstruosa. Seguramente, los que lo eligieron no lo votaban a él sino a su partido, y eso se vio en los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas. Pero es que yo, si fuera simpatizante del PP, tampoco lo hubiera votado; que tiempo hemos tenido ya para conocerlo, y parece que más que militar en el PP pertenece al Glorioso (!) Movimiento Nacional. Su actitud es la misma, exactamente la misma, que la de cualquier alcalde abertzale de Euzkadi que se niega a retirar el rótulo de una calle dedicada a un criminal etarra. Con la diferencia cuantitativa, que no cualitativa, de que Franco fue responsable de muchísimas más muertes violentas, torturas, vejaciones, represalias, exilios y demás crueldades que ningún terrorista vasco. Yo colaboré los primeros días para conseguir las 25.000 firmas que el alcalde Alperi exige para conseguir la retirada de honores al dictador. Ahora me arrepiento de ello, al considerar que esa exigencia es una ofensa, un trágala inadmisible. Que ahí está la ley y la dignidad histórica de los españoles, para que nadie nos quiera cobrar un plus de humillación por cumplir lo que legalmente ya está dispuesto. Estoy indignado, abochornado y cabreado con las injusticias históricas que permiten que un personaje de estas características pueda alcanzar la más alta dignidad de mi querida terreta. Ni él podía haber llegado más alto, ni los alicantinos más bajo. Aunque ya lo dijo Winston Churchill: «Cada pueblo tiene el gobierno que se merece». Qué le vamos a hacer.

Miguel Ángel Pérez Oca
DIARIO INFORMACIÓN 21/08/2008

Alperi responde al Síndic que la ley no le obliga a retirar honores a Franco

El alcalde afirma que la Memoria Histórica no es imperativa y se acoge al Régimen Local para exigir 25.000 firmas para quitar los títulos al dictador
Apenas siete líneas ha necesitado el alcalde de Alicante para despachar la petición de información del Síndic de Greuges sobre la decisión de Luis Díaz Alperi de condicionar la retirada de los títulos y menciones honoríficas al dictador Francisco Franco a la presentación de 25.000 firmas. En su escueta respuesta al nuevo Defensor del Pueblo autonómico, el primer edil sostiene que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local le facultan para tomar esa decisión y que la Ley de Memoria Histórica "no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada". La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), promotora de la queja que motivó la intervención del Síndic, considera que la contestación "a regañadientes" de Alperi evidencia "su falta de respeto a la legalidad vigente" y su voluntad de no cumplir la Ley de Memoria Histórica. Por su parte, el nuevo Síndic Carlos Morenilla recrimina al Ayuntamiento su "acreditada falta de colaboración" en este asunto, una actitud obstruccionista que el Defensor del Pueblo incluirá en su próximo informe anual a las Cortes.La nueva recriminación del Síndic tiene su origen en el pleno municipal del pasado 22 de febrero en la que el PP rechazó la propuesta socialista de eliminar el título de Hijo Predilecto de Alicante concedido en 1940 a Franco, así como la retirada de todos los símbolos y exaltaciones referentes al franquismo, tal y como estipula la Ley de Memoria Histórica. En la misma sesión, Alperi se comprometió a retirar los honores al dictador si en dos años se le presentan 25.000 firmas de apoyo a la iniciativa.La decisión de Alperi motivó siete días después -el 29 de febrero- una queja al Síndic de Greuges por parte de la PIC por considerar "jurídicamente inaceptable" que el alcalde supedite el cumplimiento de la ley a un requisito no previsto en la misma como es la recogida de 25.000 firmas. Una vez admitida a trámite la queja, la entonces Síndica Emilia Caballero remitió el 1 de abril un escrito al Ayuntamiento en el que solicitaba información sobre la postura del alcalde y su grupo de gobierno en relación con la Ley de Memoria Histórica. Silencio municipal.Tres meses después -y una vez consumado el largo empeño del PP por relevar a Caballero al frente de la Sindicatura-, el nuevo Síndic Carlos Morenilla volvió a requerir al Consistorio el pasado 4 de julio "que se nos remita urgentemente la información que reiteradamente solicitamos". Es en este mismo escrito en el que Morenilla refleja "la acreditada falta de colaboración de la Administración interviniente [el Ayuntamiento] que manifiesta en este asunto", así como el hecho de que "la actitud de la citada autoridad [municipal] consta en la sección correspondiente del informe anual que próximamente se presentará en las Cortes Valencianas".Esta vez, la respuesta del alcalde fue más rápida. El 18 de julio contestó al Síndic con muy pocas líneas que su decisión "como Presidente del Pleno condicionando el debate y votación en el Pleno municipal de la solicitud causa de la queja se fundó en las potestades que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, otorgan a la Presidencia del Pleno". En un segundo y último párrafo, Alperi no se da por aludido respecto a la aplicación en este caso de la Ley de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. "Entiendo que la misma no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada", concluye en su breve escrito el primer edil.

J. E. MUNERA
DIARIO INFORMACION 20/08/2008

Tardía, alegal y arbitraria

"La respuesta desganada ofrecida por el Alcalde de Alicante insiste en su actitud contumaz de falta de respeto a la legalidad vigente", aseguró ayer el coordinador de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas Carlos Gómez Gil. "Además", prosiguió, "es inexacta, carente de rigor legal y ajena a la verdad". Así lo han hecho constar los integrantes de la PIC en su reciente escrito de alegaciones al Síndic, en el que critican la "tardía y escueta respuesta" del alcalde.De esa contestación de Alperi, la PIC concluye que el primer edil se permite hacer "lo que le da la gana" al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local. En este punto, Gómez Gil precisa que la decisión del primer edil de exigir 25.000 firmas para que un asunto pueda ser sometido a debate en el Pleno "es tan arbitraria como alegal, sin que tenga apoyo jurídico o normativo de ningún tipo". En segundo lugar, recalca que la Ley de Memoria Histórica es "de obligado cumplimiento y tiene, por tanto, carácter imperativo como de hecho se está llevando a cabo en numerosos ayuntamientos y otras instituciones públicas de España".

DIARIO INFORMACION 20/08/2008